Resolución 1051 de 2017

RESOLUCIÓN 1051 DE 2017
(junio 5)
por la cual se reglamentan los Bancos de Hábitat consagrados en el Título 9, Parte 2, Libro 2, Capítulo 3 del Decreto 1076 de 2015, y se adoptan otras disposiciones.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de sus facultades constitu­cionales y legales y, en especial, en desarrollo de lo dispuesto en los numerales 13 y 14 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993, en concordancia con el numeral 2 del artículo 2° y el numeral 2 del artículo 6° del Decreto-ley 3570 de 2011

CONSIDERANDO:

Que conforme al artículo 8° de la Constitución Política es deber del Estado y de los parti­culares proteger las riquezas naturales de la Nación.

Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política, consagran el derecho colectivo a un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, con­servar las áreas de especial importancia ecológica, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental.

Que por su parte el Convenio sobre Diversidad Biológica, aprobado por la Ley 165 de 1994 tiene como objetivo la conservación de la diversidad, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios derivados del uso de recursos genéticos.

Que tanto las normas constitucionales como las previsiones del Convenio, se ven reflejadas en la Ley 99 de 1993, que consagró dentro de los principios generales que debe seguir la polí­tica ambiental colombiana, definidos en su artículo 1°, que la biodiversidad por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad debe ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible. Así mismo, debe tener en cuenta el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.

Que el numeral 13 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993, en concordancia con el numeral 2 del artículo 6° del Decreto-ley 3570 de 2011 y el numeral 2 del artículo 2° del Decreto-ley 3570 de 2011, le asignaron a este Ministerio, entre otras funciones, la de diseñar y regular las políticas públicas y las condiciones generales para el saneamiento del ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas del entorno o del patrimonio natural, en todos los sectores económicos y produc­tivos y promover la ejecución de políticas, planes, programas, proyectos y normatividad que se deban adelantar para el manejo, aprovechamiento, conservación recuperación o protección de los recursos naturales renovables y del medio ambiente.

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que les corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, entre otras funciones, las de ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental definidos por la ley o por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales renovables; coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción y, en especial, asesorar a los Departamentos, Distritos y Municipios y ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos de los recursos naturales renovables.

Que la Política para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE), está orientada a promover la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (GIBSE), de manera tal que se mantenga y mejore la resiliencia de los sistemas socioecológicos, a escalas nacional, regional, local y transfronteriza, considerando escenarios de cambio a través de la acción conjunta, coordinada y concertada del Estado, el sector pro­ductivo y la sociedad civil; incluyendo entre otros aspectos, el reconocimiento a una gestión que permita el manejo integral de sistemas ecológicos y sociales íntimamente relacionados, así como la conservación de la biodiversidad en un sentido amplio, es decir, entendida como el resultado de una interacción entre sistemas de preservación, restauración, uso sostenible y generación de conocimiento e información.

Que el Ministerio a través del Plan Nacional de Restauración plantea diversas acciones orientadas a la Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de Áreas Disturbadas, teniendo una orientación multidimensional ecológica, social, política, económica y ética, bus­cando integrar las poblaciones humanas a los proyectos de restauración y contribuir a mejorar sus condiciones.

Que en el marco de la Política Nacional de Cambio climático, en la línea estratégica de desarrollo rural resiliente al clima y bajo en carbono, y manejo y conservación de los servicios ecosistémicos para el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima, se establecen diversas acciones relacionadas con el uso sostenible y conservación de los bosques.

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la Resolución 1517 de 2012 adoptó el Manual de Asignación de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad el cual en su numeral 5, literal c), establece como alternativas de medidas de compensación por pérdida de biodiversidad los acuerdos de conservación voluntarios, incentivos para la conservación y mantenimiento de las áreas, entre otros.

Que el artículo 174 de la Ley 1753 de 2015 establece que las autoridades ambientales implementarán esquemas de pago por servicios ambientales u otros incentivos económicos para la conservación, con base en la reglamentación expedida por el Gobierno nacional y que los recursos provenientes del parágrafo del artículo 43 de la ley 99 de 1993, podrán financiar esquemas de pago por servicios ambientales.

Que el Decreto 2099 de 2016 modifica el Título 9, Libro 2, Capítulo 3 del Decreto 1076 de 2015, y define los bancos de hábitat como “un área en la que se podrán realizar actividades de preservación, restauración, rehabilitación, recuperación y/o uso sostenible para la conservación de la biodiversidad”, y dispuso que estos son uno de los mecanismos de implementación para cumplir las acciones producto de las inversión forzosa del 1% de que trata el parágrafo 1° del artículo 43 de la Ley 99 de 1993.

Que los bancos de hábitat son un mecanismo de implementación de inversiones ambientales y compensaciones, ampliamente utilizado en otros países, los cuales han demostrado generar resultados permanentes y sostenibles en materia de conservación de ecosistemas, contribuyendo en la implementación de las medidas compensatorias.

Los bancos de hábitat pueden ser entendidos como áreas privadas o públicas que son ad­ministradas por sus altos valores de recursos naturales. En retorno a la protección, manejo y monitoreo permanente del área, el responsable del banco de hábitat podrá establecer acuerdos con terceros titulares de obligaciones ambientales para satisfacer sus requerimientos legales y compensar los impactos ambientales de proyectos de desarrollo.

Que así mismo, los bancos de hábitat son una oportunidad para la conservación, por cuanto motivan el apalancamiento de recursos económicos debido a que funcionan bajo el esquema de pagos por resultados, en donde se realizan inversiones anticipadas generando resultados en conservación medibles y cuantificables.

Que en mérito de lo expuesto,

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